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OPINIÓN

22-08-2017

A 45 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW, por Emilio Augusto Raffo


La masacre de Trelew es el nombre que recibió el asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones peronistas y de izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, en la Patagonia austral.

A mi modesto entender, y por una cuestión meramente generacional, fue el caso paradigmático de la violación a los derechos humanos desde el aparato represivo estatal en épocas de dictaduras cívico militares.

También corresponde esta aseveración con respecto al asesinato del general Juan Josè Valle y los fusilamientos de junio de 1956 -todos ellos en nombre de la “libertad”-, o los múltiples consumados a partir de 1976.

Todos ellos, sin duda, delito de lesa humanidad,

Pasaron 45 años del suceso que motiva esta nota y todos los autores de tan brutal accionar gozaron de libertad, al menos, hasta su muerte, como es el caso del Capitán Sosa

A partir de la derogación y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y gracias al accionar del juez Ricardo Sastre, que evitó la prescripción de la causa, el capitán Sosa fue detenido y llevado al juez natural, al igual que el resto de los inculpados.

Permanece prófugo Roberto Guillermo Bravo, un ex militar, de 72 años, detenido en marzo de 2010 en Estados Unidos en donde permanece en libertad a la espera del trámite de extradición

A pesar de la inicial detención, todos los inculpados aguardaron su juzgamiento excarcelados, pese a que algunos de ellos estuvieron prófugos de la justicia a partir de 2004.

En efecto, en su momento y por unanimidad, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia decidió que los cinco acusados por la Masacre de Trelew quedaran libres. De este modo, Luis Emilio Sosa, Carlos Amadeo Marandino, Emilio Jorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista no fueron a la cárcel y siguieron el proceso excarcelados.

En octubre de 2012, una multitud respetó el silencio pedido por el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, al iniciar la lectura del veredicto, silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y festejó con aplausos, llantos y de pie al grito de “asesinos” las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Lo cierto es que a cinco años de esa histórica sentencia -aguardada durante cuarenta años- ninguno de los responsables de tan atroz asesinato cumplió su condena en la cárcel. Por motivos diversos -la mayoría por tratarse de “viejitos”- obtuvieron morigerar su condena y gozaron de los beneficios que los jueces responsables de su ejecución les otorgaron.

La realidad es que son tan peligrosos como antes. Las manifestaciones del ex comisario Etchecolatz, con motivo del juicio de “La Cacha” (“No sé a cuántos maté y lo volvería a hacer”), o del represor Jorge Capitán, que gozaba de libertad y que denunciado por el diario Tiempo Argentino habilitó la revocación de ese irritante beneficio (“No me arrepiento de nada”, había dicho) es una prueba irrefutable de ello. Por solo citar dos casos y sin reseñar los múltiples y constantes casos de violación -cuando no, la actitud burlona- de dicha franquicia.

No hace mucho el juez Claudio Pontet dictó la falta de mérito del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado por violación a los derechos humanos, coautor de los asesinatos de dos obreros gráficos y de hacer aportes esenciales para facilitar el accionar represivo desde 1976.

Similar situación con la cual se benefició al titular del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, vinculado a secuestros extorsivos, entre otros, los de la denominada Noche del Apagón.

El día antes, el juez Julián Ercolini rechazó tomarle declaración indagatoria a Héctor Magnetto (Ceo de Clarín), a su dueña, Ernestina Herrera de Noble (hoy fallecida), y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, por el despojo de Papel Prensa, que sufrieran los integrantes de la familia Graiver (entre otros horribles vejámenes que debieron sufrir).

Días después, la Sala III de la Cámara Federal dictó una resolución similar al ex jefe de Redacción de Para Ti, Agustin Botinelli, decretando la falta de mérito como consecuencia de la publicación de un reportaje falso a Thelma Jara de Cabezas, quien estaba secuestrada en la ESMA.

Mientras ello ocurre, el “Ángel de la Muerte”, Robledo Puch, permanece en la cárcel desde hace 46 años, cumpliendo una justa condena por la comisión de 11 homicidios, 17 robos, y dos casos de abuso deshonesto.

A 45 años de aquellos aberrantes hechos, parte de un Poder Judicial consubstanciado con una recta administración de justicia, se ha mantenido incólume en su accionar, resguardando el debido proceso y, por ende, nuestro sistema republicano.

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